Esta nueva herramienta involucra a las comunidades para que identifiquen sus necesidades puntuales, como por ejemplo la de tener un sistema de riego para los cultivos o la de construir pozos de extracción de agua, entre otros.

Además facilita tomar decisiones con respecto a las iniciativas a implementar en una comunidad específica.

“En el país es escasa la participación de la comunidad en la evaluación y priorización de proyectos verdes o sostenibles, lo que hace que varias iniciativas se queden estancadas”, expresa Julián Andrés Castrillón Gómez, estudiante del Doctorado en Ingeniería – Línea Automática del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales.

Como muestra de ello, en 2017, de los 382 proyectos financiados con recursos de regalías en Colombia, 259 persistían en dificultades de ejecución y los restantes 123 iban en esa misma dirección, lo que impide que poblaciones como Tumaco, algunos municipios de Chocó o Samaná, en Caldas, se vean beneficiadas con proyectos productivos.

Una necesidad

De ahí la importancia de que este modelo se ponga en práctica para que las entidades que financian proyectos presten atención al desarrollo de iniciativas de estas necesidades puntuales.

“A través de una evaluación cuantitativa que hace la herramienta es posible observar el ciclo de vida del proyecto, su comportamiento y evolución en el tiempo, de tal forma que los cambios en las principales variables (relacionadas con el agua y la tierra) permitan determinar las iniciativas más adecuadas para la comunidad”, dice el doctorando.

Agrega que de esta manera se pretende que los procesos de selección de proyectos no solo reflejen las necesidades y requerimientos de la zona rural, sino que también se involucren sus saberes y valores.

Arauca y Samaná, los primeros beneficiados

El momento de posacuerdo que vive Colombia después de la firma de los tratados de Paz entre el Gobierno y las FARC ha causado un creciente interés por las necesidades sociales, ambientales y económicas de las comunidades afectadas por el conflicto y que hoy se conocen como “sujetos de reparación colectiva”.

Según el estudiante de doctorado, este interés se refleja en las continuas convocatorias del Gobierno nacional y de las gobernaciones a las empresas y a la comunidad científica, que buscan contribuir a los retos regionales en medioambiente, biodiversidad y construcción de paz para estas comunidades.

En este sentido, el doctorando señala que el modelo va a estar validado con la comunidad para que su aplicación se haga mediante la realización de talleres participativos.

“Arauca y Samaná serán las poblaciones en las que se aplicará la herramienta”, precisó el investigador, y agregó que la investigación lleva un lapso de tres años y está dirigida por el profesor Gerard Olivar Tost, de la U.N. Sede Manizales, y codirigida por el profesor Johnny Valencia de la Universidad de Medellín.