En el marco de la iniciativa “Plan Integral para el Manejo de Riesgos de Extensión (PIMRE)”, liderada por la Dirección de Investigación y Extensión (DIMA) de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, dirigida por el profesor Freddy Leonardo Franco Idarraga, el jueves 14 de mayo de 2026 se desarrolló una nueva sesión del Ciclo de Jornadas Formativas 2026, un espacio orientado a fortalecer las capacidades institucionales en formulación, seguimiento y control de proyectos de extensión.

La gestión adecuada de los riesgos jurídicos, operativos y financieros en los proyectos de extensión fue el eje central de una jornada de capacitación realizada este jueves en la Universidad Nacional de Colombia, espacio en el que participaron expertos de distintas sedes para compartir experiencias y estrategias orientadas a fortalecer la ejecución de proyectos institucionales.

Durante el encuentro, liderado desde la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual (DNEIPI), se abordaron temas relacionados con el Plan Integral para el Manejo de Riesgos de Extensión (PIMRE), la prevención de riesgos litigiosos y la consolidación de modelos de gestión que permitan ejecutar proyectos con mayor eficiencia, trazabilidad y sostenibilidad.

Uno de los ponentes fue Cristian Álvarez, quien explicó el funcionamiento de la mesa de apoyo jurídico del PIMRE, un equipo conformado por abogados de distintas sedes que acompaña de manera preventiva los proyectos de extensión.

“El enfoque principal es estar un paso adelante frente a cualquier situación adversa en la ejecución de los proyectos de extensión, para que antes de que ocurra se puedan tomar medidas que permitan solucionarla, corregirla o mitigar sus efectos”, señaló.

Álvarez explicó que el PIMRE es una política institucional derivada del Acuerdo CSU 096 de 2009 y de la Resolución de Rectoría 07 de 2011, creada para prevenir y mitigar riesgos litigiosos en los proyectos de extensión de la Universidad. Según indicó, esta estrategia busca evitar afectaciones económicas y jurídicas para la institución mediante acciones preventivas y acompañamiento permanente a las sedes.

El abogado también detalló algunos de los principales riesgos identificados en la extensión universitaria, entre ellos riesgos de corrupción, incumplimientos normativos y fallas operativas relacionadas con la ejecución contractual. Asimismo, destacó que la prevención resulta más eficiente que atender conflictos ya materializados.

“La apuesta es evitar que la Universidad tenga que enfrentar procesos judiciales o pérdidas económicas derivadas de errores en la ejecución de los proyectos”, afirmó.

Un modelo de gestión para reducir riesgos

La jornada también contó con la participación de Daniel Andrés Gutiérrez Forero, quien presentó la experiencia de la Unidad de Educación Continua y Permanente (UECP) de la Facultad de Ingeniería de Bogotá.

Durante su intervención explicó cómo la consolidación de esta unidad ha permitido fortalecer el acompañamiento administrativo y académico en proyectos de educación continua, reduciendo riesgos operacionales, financieros y jurídicos.

“La educación continua no es una actividad aislada; es una modalidad organizada institucionalmente que podemos potenciar entre sedes y facultades para volvernos más competitivos”, expresó.

Gutiérrez explicó que la unidad surgió en 2016 como una estrategia para centralizar la gestión de proyectos de educación continua, debido a que anteriormente los procesos se encontraban dispersos y dependían de contrataciones temporales, situación que generaba alta rotación de personal, pérdida de información y dificultades de seguimiento.

A partir de una reglamentación interna expedida en 2017, todos los proyectos comenzaron a aportar un porcentaje destinado al sostenimiento permanente del equipo de trabajo, lo que permitió garantizar continuidad operativa y disminuir riesgos asociados a la ejecución de los proyectos.

“El crecimiento no puede verse solo en términos financieros. También implica crecer con control, trazabilidad y capacidad de respuesta”, señaló.

Más de 20 mil millones gestionados en educación continua

En su presentación, Gutiérrez compartió algunos resultados alcanzados por la Unidad de Educación Continua y Permanente durante el último año. Según explicó, la dependencia gestionó más de 20 mil millones de pesos en proyectos de educación continua, capacitó a cerca de 26 mil usuarios y desarrolló más de 800 actividades de formación.

La mayoría de estas iniciativas correspondieron a formación a la medida para entidades públicas, una modalidad que requiere altos niveles de coordinación administrativa, seguimiento contractual y control documental.

El líder de proyectos destacó además que la consolidación de equipos especializados ha permitido pasar de una operación reactiva a una gestión más planificada y preventiva frente a posibles riesgos.

“La estructura organizacional también es una herramienta de gestión del riesgo, porque cada actividad que realizamos contribuye a prevenir problemas que puedan afectar la calidad, la sostenibilidad financiera o el cumplimiento jurídico de los proyectos”, concluyó.

La jornada permitió evidenciar cómo la articulación entre áreas jurídicas, administrativas y académicas se ha convertido en un elemento clave para fortalecer la extensión universitaria y responder de manera más eficiente a las necesidades de la sociedad.